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La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala

nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y e caces para hacer frente a esta coyuntura. Es por ello, que con fecha 14 de marzo, se ha procedido a publicar en el BOE, el Real Decreto 463/2020,

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las medidas previstas se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En lo que respecta a la actuación administrativa, la Disposición adicional tercera recoge la suspensión de plazos administrativos, de tal manera que:

«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

  1. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público de nido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
  1. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste mani este su conformidad, o cuando el interesado mani este su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  1. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justi cativos del estado de alarma.»

Así las cosas:

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos en la tramitación de procedimientos administrativos hasta que el real decreto pierda vigencia (incluidas prórrogas).

Esta medida de suspensión e interrupción de plazos se aplica a todo el sector público definido en la LPAC, donde en su artículo 2.1.c) comprende a las Entidades que integran la Administración Local.

No obstante, se faculta al órgano competente para que, mediante resolución motivada, adopte las medidas necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento,

siempre que:

el interesado manifieste su conformidad 

o bien, cuando el propio interesado mani este su conformidad con que no se suspenda el plazo.

No se suspenden términos ni interrumpen plazos de aquellos procedimientos y resoluciones que vengan motivados por hechos justificativos del estado de alarma.

Nota: El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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