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Se condena al Ayuntamiento a pagar 3.089.218,54 € más 705.432,26 € de intereses (Total 3.794.650,54 €) por la expropiación de un solar privado de la Sociedad Iberoamericana de Desarrollos Urbanísticos, SA declarado zona verde pública en el Plan de Ordenación Municipal del año 2001.

La primera conclusión tras el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo (en adelante TS) es que era extraordinariamente difícil que prosperase el recurso porque venía muy tocado de la sentencia del TSJCLM.

El problema se genera en el año 2001 tras aprobar el Ayuntamiento inicialmente el Plan de Ordenación Municipal (en adelante POM) en el pleno del 28 de junio. El gobierno municipal del PSOE lo presentó y aprobó por mayoría absoluta, manifestando su posición contraria los grupos de PP e IU. El Plan de Ordenación Municipal se aprobó definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo en sesión de 27 de marzo de 2002, fecha en la que entró en vigor. El POM delimita zonas verdes en suelo urbano de titularidad privada.

En diciembre del año 2006, pasados ya los cuatro años que marca la ley para que pueda ser expropiado si lo pide el propietario, la Sociedad Iberoamericana de Desarrollos Urbanísticos, SA (en adelante SIDU, SA) compra ese solar en la ladera del antiguo campo de fútbol, después de que el arquitecto redactase las modificaciones puntuales nº 1 y 2 del POM que contemplaban la supresión de la zona verde en esta y otras zonas afectadas. Las modificaciones fueron aprobadas inicialmente en el pleno por unanimidad (Psoe, PP y Alternativa), pero nunca llegaron a aprobarse definitivamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El 10 de marzo del año 2009, SIDU, SA. presenta reclamación al Ayuntamiento para que le expropie los terrenos, fijando el precio en cinco millones de euros.

El 26 de marzo de 2010 el Ayuntamiento desestima la petición, tras consultar al consejo consultivo de CLM. El jurado regional de valoraciones tampoco acepta la solicitud de justiprecio pedida por SIDU, SA.

SIDU, SA., reclama por expropiación en el año 2010 ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y éste sentencia el 19 de febrero de 2015, estimando parcialmente la demanda y condena al Ayuntamiento a pagar. Seguidamente el Ayuntamiento presenta recurso ante el Tribunal Supremo que ratifica el 11 de julio de 2016 la anterior sentencia del TSJCLM.

La sentencia del Tribunal Supremo viene a transcribir prácticamente la sentencia del TSJCLM hasta la pag. 20 de la suya. A partir de la pag. 21 empieza el TS a desarrollar sus argumentos para echar abajo uno a uno los motivos del recurso (algunos iban ya muy forzados) pues no los había tenido en cuenta el TSJCLM.

Los argumentos de TS son muy técnicos, reconocen la llamada “expropiación por Ministerio de Ley” que es una garantía de indemnización de los propietarios para recuperar el quebranto sufrido por haber sido calificada como zona verde pública esa finca en el POM de 2002 y no haberle quitado esa calificación en el tiempo que marca la ley.

Uno de los argumentos utilizados por el Ayuntamiento, tanto ante el TSCLM como ante el TS, ha sido que la adquisición de la finca por SIDU, SA se había llevado a cabo con fines especulativos, con un cierto carácter fraudulento. El fundamento de derecho cuarto de la sentencia del TS lo rechaza indicando que “constituye una cuestión sin relevancia práctica. Lo decisivo es si la solicitud de expropiación por Ministerio de Ley se ajusta a los requisitos de viabilidad exigidos por el art. 127 del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística”.

Los demás argumentos del Ayuntamiento eran de tipo técnico, pues pretendía que se anulase parcialmente la sentencia para que se pudiese al menos rebajar el justiprecio que ha sido fijado muy por encima del valor real de la finca. El TS también rechaza este motivo en su fundamento séptimo, por lo que queda fijado el precio según lo establecido el TSJCLM.

El TS en los fundamentos octavo y noveno rechaza los motivos expuestos por la Junta de CLM.

EL TS condena al pago de costas (2.000 euros al Ayuntamiento y 2.000 euros a la Junta de Comunidades).

Tras la sentencia del TS, el TSJCLM enviará una notificación de la misma al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento dispondrá de dos meses para la ejecución voluntaria de la sentencia. Tras ese plazo el beneficiario de la sentencia puede pedir la ejecución forzosa, que se puede prolongar durante tiempo, y en el curso del cual se debería abrir una negociación con la sociedad recurrente. Para afrontar esta negociación con SIDU, SA. de la manera más exitosa posible para los intereses de Santa Cruz, los tres grupos con representación en el pleno han acordado actuar de forma conjunta.

Próximamente se va a celebrar un acto informativo para el pueblo en el que se dará información sobre la sentencia y cada grupo político municipal podrá exponer su gestión en este asunto durante sus años de gobierno.

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